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DIÓXIDO DE CLORO, LOS HECHOS LEGALES

MMS, ClO2

El uso del dióxido de Cloro no está prohibido, simplemente no esta autorizado como medicamento y  presenta un dilema en cuanto a su legalidad:

Dr. Guillermo Robertson, Comisionado Federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.


Reclamar derechos humanos:
Mientras en Perú y en Argentina están persiguiendo a los médicos que están atendiendo el pedido de sus pacientes de aplicarles el dióxido de cloro, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha ordenado a los países miembros que desapliquen las normas que van en contra de los derechos humanos.

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Ahora se entiende la razón para que la ministra Pilar Mazzetti, haya declarado finalmente que los médicos podrán suministrar el Dióxido de Cloro bajo tratamiento informado.
“Derechos Humanos - Tratados Internacionales  sobre el dióxido de cloro:

  • Derecho humano a la información
  • Derecho humano a la salud

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a todos los países que son miembros de la Comisión que si hay alguna norma interna que vaya en contra de los Derechos humanos o de algún tratado internacional que proteja los derechos humanos, el país deberá desaplicar esa norma.

La Declaración de Helsinki (con rango de tratado internacional) de la Asociación Médica Mundial, en su artículo cuarto dice que “es deber del médico promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. 

Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

En el séptimo dice que “la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.

En el artículo noveno habla del Derecho a la Autodeterminación

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El Consejo Económico y Social de la ONU dice que las obligaciones de proteger influyen adoptar leyes u otras medidas para velar la calidad de los servicios de atención de la salud y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan experiencia.


Si un médico aplica el dióxido de cloro a pedido del paciente y por esa razón lo despiden de su lugar de trabajo es ilegal.La voluntad del paciente está por encima de todo, debidamente iinformado.

 Si los médicos abandonan a un paciente por resistirse a utilizar el dióxido de cloro y éste fallece, éstos tendrán responsabilidad civil y penal, por mala praxis médica.

En caso de que sean familiares los que requieran ese tratamiento, deberán hacerlo por escrito y, ante la negativa, deben presentar su queja con el director o supervisor médico. Y si no hay respuesta afirmativa, acudir a las instancias gubernamentales.

Si el o los médicos utilizaran el argumento de que se trata de una sustancia tóxica, hay que exigirles los documentos científicos que lo demuestran.

Si un ministro de salud que está debidamente informado de la existencia del dióxido de cloro y de su efecto curativo aún sin tener evidencia científica y hace caso omiso, y si prohíbe su uso en la ciudadanía, puede ser denunciado ante la justicia nacional, la Comisión interamericana de Derechos Humanos y la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Si además un funcionario hace declaraciones falsas sobre el dióxido de cloro mintiendo a su población, está violando el derecho humano internacional a la información, que debe ser veraz y oportuna, por lo cual puede ser denunciado ante la justicia. Y si esto provoca la muerte de ciudadanos, puede convertirse en un DELITO DE GENOCIDIO.


Fuente: Guillermo Robertson, Comisionado Federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

¿Realmente puede ser legal dejar morir a personas por el simple hecho de que el dióxido de cloro, -producto usado en dosis adecuadas inocuas- no está aprobado por una institución? ¿Quién es el responsable de estas muertes, y qué se pierde con el simple hecho de intentarlo cuando ya está todo dado por perdido?

Hay muchas personas que simplemente no disponen del tiempo, hasta que la sustancia se decida legalizar a través de trámites millonarios, que pueden durar 10 años o más hasta que puedan ser aplicados.

Yo personalmente tengo muy claro que no puede haber ninguna ley gubernamental por encima de la ley humana, que trate de preservar la vida de manera digna. 

Así que voy a defender el derecho de experimentar con uno mismo, sobre todo para las personas que no tienen otra opción al sufrir una enfermedad terminal o grave. Cualquier ley que prohíba el uso voluntario, se invalida a si misma al ser criminal, y al atacar el derecho fundamental a la vida.

Nada puede estar por encima del derecho de la vida y de la autodeterminación.

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