Legalidad

Del dióxido de cloro


"El uso del dióxido de Cloro no está prohibido, simplemente no esta autorizado como medicamento y  presenta un dilema en cuanto a su legalidad":

Dr. Guillermo Robertson, Comisionado Federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Reclamar derechos humanos:

Mientras en Perú, en Argentina y otros lugares están persiguiendo a los médicos que están atendiendo el pedido de sus pacientes de aplicarles el dióxido de cloro, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha ordenado a los países miembros que desapliquen las normas que van en contra de los derechos humanos.

 

La Declaración de Helsinki (con rango de tratado internacional) de la Asociación Médica Mundial WMA, 2013 en su artículo cuarto dice que “es deber del médico promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. En el séptimo dice que “la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.

 

Enlace:  https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/

Consentimiento informado

Descarga el consentimiento informado para el uso de Dióxido de cloro en forma de CDS

Articulo 9. Derecho a la Autodeterminación


En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas que participan en investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento.


Articulo 37. Intervenciones no probadas en la práctica clínica


Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a todos los países miembros de la Comisión que, en caso de existir alguna norma interna que viole los derechos humanos o algún tratado internacional de protección de los derechos humanos, el país deberá dejar de aplicar dicha norma. La ministra Pilar Elena Mazzetti Soler, médica cirujana y neuróloga peruana, declaró durante la pandemia que los médicos podrán administrar Dióxido de Cloro bajo un tratamiento informado.

 
“Derechos Humanos – Tratados Internacionales  sobre el dióxido de cloro:

  • Derecho humano a la información
  • Derecho humano a la salud

La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado una ley que regula la elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la solución de dióxido de cloro, tanto de forma preventiva como de tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.


El proyecto, previamente aprobado por el Senado en julio, incluye modificaciones que establecen que los laboratorios públicos y privados, acreditados y autorizados por la entidad competente, podrán elaborar la solución de dióxido de cloro. Estos laboratorios deberán cumplir con las condiciones de calidad y, además, deberán incluir en el producto final prospectos que acrediten su composición, dosificación, precauciones y cuidados a tener en cuenta al consumir este compuesto. Así lo ha indicado el comunicado oficial de la Cámara.  


Los legisladores que impulsaron este proyecto defienden el uso de esta sustancia como una “alternativa” para hacer frente a la pandemia.